Siete nombres del Estado tucumano tendrán la responsabilidad de diagramar la estrategia de la Provincia para la lucha contra los dealers barriales. Esta semana, la Legislatura, el Poder Ejecutivo (PE) y el Poder Judicial confirmarían sus representantes para la comisión que trabajará en la adecuación de las normas y estructuras actuales para la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes, en el párrafo que habilita la competencia del fuero provincial en causas de venta de drogas al “menudeo”. El texto sancionado el jueves por el parlamento no explicita cómo debe ser el sistema de elección y de conformación de este grupo interpoderes. Por eso, cada órbita del Estado dirimirá la cuestión según sus propios criterios, explicaron fuentes del oficialismo.

En el parlamento
La Legislatura tendrá tres representantes, mientras que los demás poderes contarán con dos miembros cada uno. Fuentes del bloque “Tucumán Crece” le relataron a LA GACETA que la semana pasada, cuando las bancadas políticas se reunieron en Labor Parlamentaria para establecer el orden del día de la sesión, hubo un ofrecimiento a los sectores de la oposición para que ocuparan un lugar en el grupo interpoderes. “Nos quieren dejar ‘pegados’ en esto, no vamos a participar”, expresó un legislador refractario al alperovichismo.

Una vez que se aprobó la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes, algunos integrantes del “Tucumán Crece” plantearon sus intenciones de participar de la comisión. Uno de ellos habría sido Marcelo Caponio, quien por lo general trata de intervenir en temas judiciales del parlamento (es presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales del cuerpo colegiado). De todas formas, su participación sería poco factible porque ya integra el comité que elabora la reforma al Código Procesal Penal de Tucumán.

El oficialista José León, titular del equipo interno de Seguridad y Justicia, sería una “fija”, afirman en la bancada oficial. Su experiencia como fiscal de Instrucción penal, cargo que ocupó en 1991, jugaría a su favor. Ante la negativa de la oposición de participar, se abrió una chance para Nancy Bulacio, del Partido de los Trabajadores (PT), aliado al “Tucumán Crece”. También se mencionó a Fernando Juri, vicepresidente de Seguridad y Justicia. Esta semana, los presidentes de la bancada alperovichista, Roque Álvarez y José Gutiérrez, confirmarían la nómina con una reunión de bloque. El titular subrogante de la Cámara, Regino Amado, debería firmar una resolución para oficializar la elección.

En la Casa de Gobierno
Fuentes de la Casa de Gobierno aseguran que se los dos representantes del PE se definirán una vez que esté promulgada la norma. Tres áreas aparecen como las principales oferentes de postulantes para trabajar en la adecuación de la Provincia a la persecución de dealers.

En el alperovichismo se impulsa la idea de que debe intervenir un funcionario del área de Desarrollo Social, cartera que dirige Beatriz Mirkin. “En las charlas que tuvimos se habló de apostar fuerte por los centros de día; es lo que nos va a dar presencia en los barrios”, indicó un vocero del gobierno durante la semana pasada.

El otro representante del PE podría surgir del Ministerio de Seguridad Ciudadana, a cargo de Jorge Gassenbauer (también podría participar su secretario, Paul Hofer); o de la Secretaria General de la Gobernación, que conduce Carolina Vargas Aignasse. Estas carteras participaron en el diálogo previo a la sanción de la ley de adhesión con autoridades de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y de la Legislatura.

En el Palacio de Justicia
En los Tribunales provinciales se planteó una férrea oposición a la implementación del sistema, que según la normativa comenzará a regir desde el 1 de marzo de 2015 (aunque el PE puede prorrogar ese plazo). Por eso, se prevé que desde el Palacio de Justicia surjan las mayores exigencias. De hecho, el gobernador, José Alperovich, ya advirtió que se necesitará una inversión cercana a los $ 200 millones para adecuar el sistema local a la persecución de los dealers.

Las versiones indican que el titular de la CSJT, Antonio Gandur, tendría intenciones de integrar la comisión de adecuación a la Ley Nacional de Estupefacientes. Si esto se produce, otros vocales podrían buscar su participación. Antonio Estofán, Daniel Posse y Claudia Sbdar fueron interlocutores ocasionales del alto tribunal con el PE en las conversaciones sobre este tema. No se descarta la participación de algún magistrado penal (podría provenir del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Luis De Mitri, o de las Cámaras Penales).

El listado de exigencias que planteará la CSJT cuando se conforme el comité incluye la creación de un cuerpo policial especializado en el combate del delito de drogas, pero que dependa del Poder Judicial. “No parece acertado encargar estos casos a cualquier área policial. Debe ser personal en excelentes condiciones físicas, joven y con capacitación adecuada”, planteó una fuente judicial.

La implementación de la competencia del fuero local en estas causas es un interrogante que sobrevuela los Tribunales provinciales. De manera extraoficial, en el alto tribunal se manejan algunas opciones. La primera es que, a modo de experiencia piloto, sólo una fiscalía penal se encargue en principio de estos casos, para luego dar lugar a las otras oficinas. Podrían también crearse nuevas fiscalías, o habilitarse secretarías de leyes especiales (como las que funcionan en los juzgados federales). También se conversó sobre la eventual firma de un convenio con la Justicia federal para utilizar los recursos tecnológicos para la comprobación científica de sustancias ilegales, elementos que el fuero provincial no posee. Por todo esto, la comisión que conformarán la Justicia, la Legislatura y el PE tendrá un papel clave, aseguran en el oficialismo.

Sobre el nuevo régimen
- Pedido de la Nación.- La investigación de los delitos por narcotráfico son de competencia exclusiva de la Justicia Federal. Sin embargo, con la adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes -en el párrafo que habilita la participación del fuero provincial en causas por venta de drogas a menor escala y tenencia simple para consumo personal-, la Provincia podrá perseguir “dealers”. La norma fue aprobada el jueves, en la Legislatura, por pedido del Poder Ejecutivo. En una visita encabezada por el titular de la Sedronar, Juan Carlos Molina, la Nación admitió que realizó este pedido a varios gobernadores.

- ¿Qué implica la ley?.- La adhesión a la Ley Nacional de Estupefacientes permitirá a los fiscales y jueces de la Justicia provincial a entender en causas sobre narcotráfico al “menudeo”. Legisladores de la oposición, como Alberto Colombres Garmendia y Ariel García, protestaron porque la normativa no establece parámetros sobre cantidades o circunstancias que definan si una causa debe ser investigada en el fuero local o en el federal.

- Financiamiento.- El nuevo régimen comenzará a funcionar el 1 de marzo de 2015, según la ley aprobada el jueves, pero el PE tiene la potestad de aplazar esa fecha. Hasta entonces, la intención del gobierno es dotar a los Tribunales provinciales de recursos humanos y tecnológicos para la persecución de los dealers. La norma federal indica que las Provincias adheridas a este sistema podrán recibir fondos de la administración nacional y la Justicia federal, aunque no explicita la cantidad ni el plazo para la transferencia de dinero.

- Explicación oficial.- “Nuestra real intención es atacar el menudeo, que está haciendo un daño importante a nuestras comunidades más débiles. Para esto hace falta una acción más inmediata, que nosotros creemos que vamos a tener una respuesta dentro de la Justicia provincial”, señaló Jorge Gassenbauer, ministro de Seguridad, a comienzos de febrero. En el proyecto que elaboró, el funcionario detalló que los ciudadanos podrán acercarse a comisarías y fiscalías para realizar denuncias contra dealers.